Por Javier Madariaga, Especialista Senior, BID Lab*
“Lo esencial es invisible a los ojos”, escribió Saint-Exupéry. También lo es en el gobierno. Las decisiones que más transforman la vida de las personas suelen ocurrir lejos del foco público: en los algoritmos que asignan turnos médicos, en los sistemas que priorizan becas, o en los flujos invisibles de datos que anticipan lluvias intensas u olas de calor. La inteligencia artificial (IA), bien usada, puede hacer visible lo esencial: una gestión más justa, transparente y humana.
La IA ofrece una oportunidad sin precedentes para transformar la manera en que los gobiernos locales diseñan, entregan y mejoran sus servicios. No se trata de una promesa futurista, sino de una ventana concreta para aumentar la productividad del sector público, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Pero este potencial sólo podrá ser aprovechado si logramos construir un ecosistema institucional, emprendedor y ciudadano capaz de guiar esta transformación.
Según un relevamiento reciente de PwC, la aceleración en el desarrollo y adopción de IA podría incrementar el PIB de América Latina hasta un 5,4% para 2030, es decir, medio billón de dólares adicionales. Sin embargo, solo poco más del 3% de las empresas de IA del mundo tienen sede en la región. Esta brecha refleja un rezago, pero también una enorme oportunidad: América Latina no solo puede cerrar brechas tecnológicas, sino también liderar una nueva generación de políticas públicas basadas en la innovación, colaboración público-privada y talento regional.
Los gobiernos locales tienen un papel central en esta transición. Son quienes gestionan servicios esenciales como salud, educación o transporte, y los que más cerca están de las demandas ciudadanas. Su rol frente a la IA no se limita al de regulador. Tienen un poder de compra tan significativo que, con una señalización adecuada, puede moldear el mercado de la IA y orientarlo hacia sectores con alto potencial social y productivo. Tal cual señala Soledad Aguilera desde la Escuela de Gobierno de la UTDT, los municipios participan y moldean los ecosistemas tecnológicos como usuarios, compradores, desarrolladores y promotores de innovación.
Pero persisten desafíos estructurales: escasez de talento, marcos regulatorios rígidos (en particular en lo vinculado a compra pública de innovación), culturas organizacionales adversas al riesgo, y un ecosistema tecnológico fragmentado. En este contexto, el concepto de GovTech, la colaboración entre gobiernos, startups y actores del ecosistema para resolver desafíos públicos con tecnología representa una vía estratégica para fomentar innovación desde lo público.
Ahora bien, no se puede hablar de IA sin hablar de datos. Los datos son el verdadero combustible de la IA, y probablemente el punto de partida desde donde los gobiernos locales deben comenzar a desatar el nudo de su transformación. La capacidad de cualquier municipio para aprovechar IA de hoy y del mañana está directamente vinculada a la calidad, gobernanza e interoperabilidad de sus datos. Pretender implementar IA sin estandarizar los datos de una ciudad es como querer emitir credenciales digitales en blockchain sin tener un sitio web. Por eso, fortalecer la infraestructura pública digital, como sistemas abiertos de identidad, datos o credenciales, debe ser parte del núcleo estratégico de la transformación digital.
En BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, venimos explorando este camino con múltiples programas en la región. En Córdoba, el fondo Córdoba Ciudad Inteligente (CCI) ayudó a gobiernos locales a testear soluciones GovTech. En Brasil, el proyecto inovaHC impulsó soluciones de IA para responder a desafíos sanitarios durante la pandemia. En Uruguay, la ANII trabajó con instituciones públicas para priorizar retos y resolverlos con innovación. Y en Argentina, JusLab promueve soluciones LegalTech para modernizar el acceso a la justicia.
Estas experiencias han demostrado que, para lograr una transición efectiva hacia un sector público local más innovador y centrado en el ciudadano, es necesario impulsar un abordaje ecosistémico. Esto implica abordar el Gov y el Tech. Formar a gobiernos y startups, fomentar redes colaborativas, generar evidencia sobre retorno de la inversión en innovación pública y remover barreras contractuales y normativas que hoy dificultan el desarrollo de modelos de negocio B2G (business-to-government). Este mercado, que podría superar el billón de dólares a nivel global para 2034, sigue estando subaprovechado por falta de estructuras habilitantes. Pero el valor de GovTech no se limita a su dimensión de mercado. Según el Foro Económico Mundial, el valor público de la transformación GovTech, medido en eficiencia, transparencia y sostenibilidad, podría generar ahorros de hasta 9.8 billones de dólares a nivel global para el 2034.
Por eso, desde BID Lab, nos encontramos en proceso de darle forma a GovTech Connect, una nueva iniciativa regional que busca escalar estas experiencias, conectar soluciones tecnológicas con alto valor público con gobiernos locales de cinco países y crear una comunidad de innovación enfocada en resiliencia climática, inclusión y eficiencia estatal. La iniciativa incorpora además un enfoque en código abierto, bienes públicos digitales (DPG), e infraestructura pública digital (DPI), fundamentales para una adopción de IA con transparencia, interoperabilidad, y soberanía tecnológica, en línea con estándares y buenas prácticas internacionales.
La IA puede ayudar a gobiernos locales a anticiparse a crisis, personalizar políticas públicas, detectar sesgos en la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios. Pero también conlleva riesgos: el sesgo algorítmico, la automatización sin supervisión y la reproducción de desigualdades estructurales son solo algunos de ellos. Por eso, es fundamental avanzar con una gobernanza de IA que promueva el uso ético, seguro y centrado en las personas. En ese sentido, iniciativas como fAIrLAC, impulsadas por el Grupo BID, proporcionan herramientas y metodologías para identificar riesgos, garantizar transparencia y proteger derechos en el ámbito de la IA desde el diseño de las soluciones.
En este camino, el rol de los gobiernos locales es doble: como adoptantes tempranos de soluciones que mejoren su gestión, y como impulsores de reglas claras que alineen la innovación tecnológica con el interés público. La experiencia de la Coalición de Ciudades por la IA en Argentina muestra que hay una masa crítica de ciudades dispuestas a liderar este proceso, siempre que cuenten con liderazgos, herramientas, y evidencia para hacerlo.
“Eres responsable para siempre de lo que has domesticado”, advirtió el zorro. La transformación digital ya no es opcional, y la IA dejó de ser solo una promesa: es una realidad que interpela a los gobiernos aquí y ahora. Las ciudades que logren aprovechar su potencial para servir mejor a sus habitantes, en especial a los más vulnerables, estarán mejor preparadas para los desafíos del siglo XXI.
Si América Latina y el Caribe decide apostar por una IA al servicio del bien común, no solo cerrarán brechas: podrá convertirse en un referente global de innovación ética, inclusiva y colaborativa.
Sobre el autor
Javier Madariaga es Especialista Senior en BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID. Posee amplia experiencia en políticas públicas, innovación abierta y tecnologías emergentes aplicadas al desarrollo. Actualmente colidera la agenda GovTech en la región y brinda orientación estratégica para el fortalecimiento de ecosistemas GovTech en América Latina. Lidera iniciativas que promueven la colaboración entre startups, gobiernos e inversores para acelerar la innovación en el sector público, y es miembro fundador de la Red Multisectorial GovTech Iberoamérica.
Anteriormente, diseñó e implementó proyectos de cooperación internacional en América Latina, África y Medio Oriente. Su trabajo de investigación se enfoca en el impacto de las tecnologías emergentes en áreas como la economía urbana, la transformación digital y la sostenibilidad.
Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y cuenta con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Programas Sociales por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
