Por Gastón Wright, Director de Civic Compass*
En los últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro para convertirse en una tecnología que ya impacta decisiones cotidianas en nuestras ciudades: desde sistemas predictivos en seguridad, hasta algoritmos que priorizan turnos de atención ciudadana o asignación de recursos. La pregunta ya no es si los gobiernos locales deben adoptar IA, sino cómo hacerlo sin sacrificar derechos, equidad ni soberanía pública.
Desde Civic Compass hemos realizado una investigación a nivel regional sobre percepciones de reguladores, académicos, sociedad civil y sector privado respecto a la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina. Uno de los hallazgos más relevantes es el consenso sobre la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del Estado para liderar el desarrollo y uso ético de estas tecnologías. Esta reflexión aplica con fuerza a los gobiernos locales, donde la escasez de recursos y conocimiento técnico puede derivar en una dependencia peligrosa de proveedores externos y soluciones “llave en mano”.
El entusiasmo por la innovación no puede hacernos perder de vista los riesgos que conlleva una adopción irreflexiva. Hemos detectado en varios municipios de la región una tendencia a delegar procesos sensibles, como la identificación de beneficiarios de programas sociales o la vigilancia del espacio público e interacciones con la ciudadanía local a través de chatbots sin monitoreo, en sistemas opacos cuya lógica no siempre es entendida por quienes los usan e implementan. La promesa de eficiencia no puede reemplazar el deber de rendición de cuentas.
Sin embargo, también hay oportunidades concretas. En nuestra investigación, identificamos experiencias donde los gobiernos locales han logrado usar IA para optimizar la gestión del transporte público mediante el análisis predictivo de flujos y el reconocimiento automático de baches o congestiones, mejorar la detección de enfermedades en centros de salud o prevenir cortes de servicios en zonas vulnerables. Otros usos incluyen la anonimización de documentos, la optimización la atención ciudadana a través de chatbots y detección de fraudes y errores en trámites administrativos. Estos casos tienen algo en común: parten de una agenda pública clara, con datos abiertos, participación ciudadana y control humano.
Pero antes de pensar en una gobernanza democrática de la IA, Argentina enfrenta un paso previo ineludible: la aprobación de una nueva ley de protección de datos personales. La normativa actual —vigente desde el año 2000— no responde a los desafíos que plantean los entornos digitales contemporáneos ni a los riesgos de la automatización algorítmica. Sin una legislación moderna y eficaz, no sólo se ponen en riesgo los derechos digitales de la ciudadanía, sino también las condiciones básicas para atraer inversiones tecnológicas. La IA se alimenta de datos, y sin reglas claras sobre su recolección, uso y resguardo, cualquier intento de innovación pública será frágil y cuestionable.
Por eso, una de nuestras recomendaciones clave es avanzar hacia áreas de implementación locales como los municipios e instituciones municipales (como hospitales, escuelas, por ej.)para que tengan la capacidad de entender estos problemas. Esto implica formar equipos técnicos dentro del municipio, establecer protocolos éticos y jurídicos antes de adoptar cualquier solución tecnológica, y promover alianzas con universidades y actores sociales para co-crear políticas públicas con inteligencia artificial.
Además, Argentina tiene una oportunidad única: diseñar un modelo propio de gobernanza de IA en ciudades, adaptado a sus desafíos pero con estándares de derechos humanos y transparencia. No necesitamos importar marcos europeos ni soluciones del Silicon Valley: necesitamos construir nuestras propias respuestas con creatividad, evidencia y participación.
La Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial puede ser un espacio clave para consolidar estas prácticas, compartir aprendizajes entre municipios y exigir al nivel nacional los recursos normativos y financieros necesarios para sostener este proceso. La inteligencia artificial ya está entre nosotros; ahora el desafío es que también sea democrática.
*Sobre el autor
Gastón Wright es el Director de Civic Compass en Civic House. Con una trayectoria diversa, trabajó en Meta como Gerente de Políticas Públicas, fundó Change.org en el Cono Sur y se desempeño como Director Global de Ashoka en Estados Unidos y Canadá. También, trabajo como Consultor del BID en temas de transformación digital. Gastón es politólogo, tiene un Master en Ciencia Política en la Universidad de Toronto y estudios de postgrado en Regulación de Internet y Protección de Datos por la London School of Economics. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires de Política Subanacional y de Regulación de Internet y Politicas Públicas Digitales en la Universidad Torcuato Di Tella.
